El debate sobre la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE) ha vuelto a tomar relevancia en el escenario político chileno, especialmente tras las recientes declaraciones de la vocera de Gobierno, Camila Vallejo. La propuesta, que fue una de las promesas emblemáticas durante la campaña presidencial de Gabriel Boric, busca aliviar la carga financiera que pesa sobre miles de estudiantes y exestudiantes endeudados por este sistema de créditos para la educación superior.
La ministra Vallejo enfatizó que el equipo interministerial conformado por representantes del Ministerio de Educación y del Ministerio de Hacienda lleva más de un año trabajando arduamente en una solución integral. El objetivo es desarrollar un plan inclusivo que no solo beneficie a los actuales pagadores del CAE sino también establezca un mecanismo sostenible para el futuro financiamiento educativo.
En medio del proceso preparatorio, el ministro Mario Marcel confirmó su compromiso con ingresar al Congreso Nacional un proyecto legislativo en septiembre próximo. Este proyecto tendría como finalidad instaurar un nuevo modelo para financiar la educación superior y reestructurar las obligaciones crediticias existentes.
Aunque hasta ahora ni Marcel ni Nicolás Cataldo, ministro de Educación, habían especificado quiénes serían los beneficiarios directos del proyecto, Vallejo clarificó que se está diseñando una estrategia abarcadora y equitativa. La ministra subrayó además que cualquier propuesta debe garantizar su viabilidad económica sin descuidar el análisis estructural necesario para resolver los desafíos financieros asociados a la educación superior.
Las declaraciones surgen como respuesta a críticas provenientes desde distintos sectores políticos. Entre ellas destaca la opinión expresada por Paulina Vodanovic, Presidenta del Partido Socialista, quien sugirió que las acciones relacionadas con el CAE podrían tener motivaciones electorales.
Frente a esto, Vallejo defendió firmemente el trabajo gubernamental indicando que tanto ella como otros miembros del gabinete han mantenido esta iniciativa en agenda desde antes incluso de asumir sus cargos oficiales.
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De acuerdo al dictamen, la acción responde a la comisión de "crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra".
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La acción fue captada a más de una semana del ingreso de la exalcaldesa al centro penitenciario.
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