Durante la jornada de este jueves, se están llevando a cabo los alegatos para la revisión de la prisión preventiva de Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos, imputados en el caso Audio. En este contexto, Juan Pablo Hermosilla, abogado y hermano de Luis, presentó una fuerte defensa en la que criticó la gestión del proceso judicial y acusó abusos por parte del Ministerio Público. Hermosilla sostuvo que el sistema procesal penal ha sido “pervertido”, vulnerando la presunción de inocencia y privando de libertad a los imputados de manera “apresurada”, sin un fallo final. En sus declaraciones, apuntó específicamente a la administración actual, señalando que han tenido que “lidiar” con el Presidente de la República, la ministra del Interior y la ministra de Justicia. Además, Hermosilla responsabilizó al Ministerio Público por las filtraciones del caso, alegando que han afectado el proceso. “Mi representado cometió errores y debe responder por eso, pero no pueden ser abusivos ”, afirmó. El abogado defensor también criticó la querella presentada de último minuto por el Servicio de Impuestos Internos (SII), sugiriendo que se está cediendo a la presión de la opinión pública y que se están utilizando las acusaciones de lavado de activos de manera incorrecta. “Los bienes nunca estuvieron ocultos si el propio SII los usó en su querella” , argumentó Hermosilla. Hermosilla expresó su frustración con la situación, diciendo que siente que el proceso se ha politizado y ha sido influenciado por factores externos, incluyendo la posible imputación al exministro Andrés Chadwick y al gobierno de Sebastián Piñera. También se refirió a la colaboración de su representado, destacando la entrega de la clave del celular y la apertura de cuentas corrientes como un acto de buena fe. Por su parte, la defensa de María Leonarda Villalobos, encabezada por la abogada Alejandra Borda, argumentó que su cliente no recibió coimas, a pesar de un informe que sugirió el pago a funcionarios. Borda destacó que Villalobos ha cooperado extensamente con las investigaciones, negando recibir dinero de los hermanos Sauer y afirmando que ella misma prestó dinero. En cuanto a la necesidad de medidas cautelares, Borda reiteró su crítica al “machismo sistémico” en el sistema judicial, señalando que no existen cárceles adecuadas para mujeres en situaciones similares a las de hombres que cometen delitos económicos.
La Fiscalía de Antofagasta ha formalizado hoy una investigación contra Carlos Contreras Gutiérrez, ex Secretario Regional Ministerial (seremi) de Vivienda y Urbanismo, por su presunta participación en tres delitos de fraude al fisco. La acusación se centra en convenios suscritos en septiembre de 2022 con la Fundación Educación, Arte y Cultura Movimiento Fibra para la ejecución de obras de habitabilidad primaria en diversos campamentos de la ciudad. La investigación, que marca la tercera fase del denominado Caso Convenios, se suma a las ya judicializadas aristas Democracia Viva y TomArte, las cuales recientemente fueron consolidadas en una única causa. Los convenios cuestionados, firmados por Contreras entre el 20 y 22 de septiembre de 2022, abarcan proyectos en los campamentos Camino al Futuro, Vista Hermosa y 18 de Septiembre, con montos de $150 millones, $200 millones y $80 millones, respectivamente. En la audiencia, el fiscal jefe Cristian Aguilar Aranela detalló que Contreras actuó en grave contravención a sus deberes al seleccionar y reasignar proyectos a Movimiento Fibra, una fundación que no cumplía con los requisitos necesarios para recibir los fondos. Aguilar expuso que el ex seremi no solo proporcionó datos de contacto de la fundación favorecida sino que también realizó asignaciones sin justificación y sin seguir los procedimientos adecuados. El fiscal destacó que las resoluciones que aprobaron los convenios carecen de motivación sobre la selección directa de la fundación en lugar de una licitación pública y no justifican la elección de Movimiento Fibra. Además, se señaló que Contreras no garantizó el cumplimiento de los convenios mediante documentos de respaldo, como vale vista o pólizas de seguro, que aseguraran el uso adecuado de los fondos. Con todas las conductas ya descritas , además de la infracción grave a los deberes de su cargo de seremi Minvu de la Región de Antofagasta, el imputado Carlos Contreras vulneró los principios de probidad administrativa y de imparcialidad en materia administrativa, en tanto observó un desempeño deshonesto y desleal en un cargo , con preeminencia en intereses particulares y no actuó con objetividad en la suscripción y aprobación de los tres convenios suscritos por su servicio , resumió Aguilar. Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó al Juzgado de Garantía de Antofagasta la prisión preventiva del imputado por peligro para la seguridad de la sociedad, solicitud que fue concedida. Cabe recordar que Contreras ya estaba bajo esta medida cautelar por la arista TomArte del caso. El Juzgado de Garantía ha establecido un plazo de investigación de 45 días para continuar con el proceso.
La Fiscalía Metropolitana Centro Norte manifestó su rechazo a la decisión del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago de revocar la medida cautelar de prisión preventiva para el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Este último enfrenta cargos por administración desleal, estafa, cohecho, fraude al fisco y delito concursal en el marco del caso Farmacias Populares. “No estamos de acuerdo” , declaró el fiscal Marcelo Cabrera al salir del Centro de Justicia, anunciando que la Fiscalía presentará una apelación ante la Corte. “Existen los canales formales, los canales legales que nosotros vamos a operar, que fundamentalmente es un recurso ante la Corte para revertir esta situación ”, añadió Cabrera. El fiscal también enfatizó la necesidad de restringir cualquier contacto de Jadue con testigos u otras personas involucradas en el caso. “Nosotros lo que sí pedimos es que no haya ningún tipo de contacto del exalcalde Jadue con testigos o con otro tipo de personas que puedan tener algún tipo de vinculación con el caso ”, afirmó. Cabrera subrayó que no comparte los fundamentos de la resolución judicial ya que, según él, “no se entregaron antecedentes nuevos y esto ha sido revisado por jueces de garantía, por la Corte. Los fundamentos han sido bastante claros en sostener que los delitos existen y la participación también ”. Ante esta situación, la Fiscalía continuará con las acciones legales correspondientes para intentar revertir la decisión del tribunal y mantener a Jadue bajo una medida cautelar más estricta.
Este lunes, el Tercer Juzgado de Garantía decidió cambiar la medida cautelar de prisión preventiva que afectaba al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC). En lugar de continuar en prisión preventiva, Jadue cumplirá arresto domiciliario total. Además, deberá permanecer en Chile debido a una medida de arraigo nacional y tiene prohibido comunicarse con otros implicados en el caso en curso. La jueza Paula Brito basó su decisión en la conducta intachable previa de Jadue y el hecho de que ya no ejerce como alcalde de Recoleta, lo que disminuye significativamente la severidad de la posible pena. También destacó que Jadue no abandonó el país, a pesar de no tener restricciones de salida. La magistrada consideró las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el uso de la prisión preventiva solo cuando no hay otras medidas cautelares efectivas disponibles. Jadue estuvo casi tres meses en el Anexo Penitenciario Cárcel Capitán Yáber, desde que el 3 de junio el tribunal aceptara la solicitud de la Fiscalía Centro Norte de imponer la medida cautelar más restrictiva del sistema judicial chileno. Fue formalizado por la Fiscalía por delitos de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa en el marco del caso Farmacias Populares. A pesar de la oposición de la Fiscalía para modificar la prisión preventiva, el tribunal falló a favor de Jadue. Se espera que Jadue abandone el anexo Capitán Yáber en el transcurso de la tarde. Debido a una enfermedad, el exalcalde no asistió físicamente a la audiencia de revisión de cautelares, participando en cambio de manera telemática.
El Tribunal de Garantía llevará a cabo una audiencia crucial este lunes para evaluar la petición de la defensa de Daniel Jadue, quien busca revocar la prisión preventiva que enfrenta desde el 3 de junio. A finales de julio, el tribunal de alzada había rechazado previamente un recurso presentado por la defensa del exalcalde de Recoleta (PC). El abogado Juan Carlos Manríquez detalló que en esta audiencia se presentarán nuevos antecedentes que, a su juicio, podrían demostrar que la prisión preventiva ya no es necesaria para asegurar la comparecencia de Jadue en el juicio ni para otras diligencias. Hemos reunido nuevos datos y solicitado diversas diligencias, algunas de las cuales han sido ordenadas por el fiscal regional , explicó Manríquez. La defensa también ha solicitado la remoción de las juezas Katherine Román, Paulina Moya y Pamela Muñoz del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, alegando que ya han expresado opiniones previas sobre el caso. Según el artículo 196 del Código Orgánico de Tribunales, este hecho podría constituir un motivo válido para la recusación. Con estos argumentos, la defensa espera que el tribunal modifique el régimen cautelar de Jadue, considerando que la medida actual no es justa ni necesaria.
Durante la jornada de este jueves, se están llevando a cabo los alegatos para la revisión de la prisión preventiva de Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos, imputados en el caso Audio. En este contexto, Juan Pablo Hermosilla, abogado y hermano de Luis, presentó una fuerte defensa en la que criticó la gestión del proceso judicial y acusó abusos por parte del Ministerio Público. Hermosilla sostuvo que el sistema procesal penal ha sido “pervertido”, vulnerando la presunción de inocencia y privando de libertad a los imputados de manera “apresurada”, sin un fallo final. En sus declaraciones, apuntó específicamente a la administración actual, señalando que han tenido que “lidiar” con el Presidente de la República, la ministra del Interior y la ministra de Justicia. Además, Hermosilla responsabilizó al Ministerio Público por las filtraciones del caso, alegando que han afectado el proceso. “Mi representado cometió errores y debe responder por eso, pero no pueden ser abusivos ”, afirmó. El abogado defensor también criticó la querella presentada de último minuto por el Servicio de Impuestos Internos (SII), sugiriendo que se está cediendo a la presión de la opinión pública y que se están utilizando las acusaciones de lavado de activos de manera incorrecta. “Los bienes nunca estuvieron ocultos si el propio SII los usó en su querella” , argumentó Hermosilla. Hermosilla expresó su frustración con la situación, diciendo que siente que el proceso se ha politizado y ha sido influenciado por factores externos, incluyendo la posible imputación al exministro Andrés Chadwick y al gobierno de Sebastián Piñera. También se refirió a la colaboración de su representado, destacando la entrega de la clave del celular y la apertura de cuentas corrientes como un acto de buena fe. Por su parte, la defensa de María Leonarda Villalobos, encabezada por la abogada Alejandra Borda, argumentó que su cliente no recibió coimas, a pesar de un informe que sugirió el pago a funcionarios. Borda destacó que Villalobos ha cooperado extensamente con las investigaciones, negando recibir dinero de los hermanos Sauer y afirmando que ella misma prestó dinero. En cuanto a la necesidad de medidas cautelares, Borda reiteró su crítica al “machismo sistémico” en el sistema judicial, señalando que no existen cárceles adecuadas para mujeres en situaciones similares a las de hombres que cometen delitos económicos.
La Fiscalía de Antofagasta ha formalizado hoy una investigación contra Carlos Contreras Gutiérrez, ex Secretario Regional Ministerial (seremi) de Vivienda y Urbanismo, por su presunta participación en tres delitos de fraude al fisco. La acusación se centra en convenios suscritos en septiembre de 2022 con la Fundación Educación, Arte y Cultura Movimiento Fibra para la ejecución de obras de habitabilidad primaria en diversos campamentos de la ciudad. La investigación, que marca la tercera fase del denominado Caso Convenios, se suma a las ya judicializadas aristas Democracia Viva y TomArte, las cuales recientemente fueron consolidadas en una única causa. Los convenios cuestionados, firmados por Contreras entre el 20 y 22 de septiembre de 2022, abarcan proyectos en los campamentos Camino al Futuro, Vista Hermosa y 18 de Septiembre, con montos de $150 millones, $200 millones y $80 millones, respectivamente. En la audiencia, el fiscal jefe Cristian Aguilar Aranela detalló que Contreras actuó en grave contravención a sus deberes al seleccionar y reasignar proyectos a Movimiento Fibra, una fundación que no cumplía con los requisitos necesarios para recibir los fondos. Aguilar expuso que el ex seremi no solo proporcionó datos de contacto de la fundación favorecida sino que también realizó asignaciones sin justificación y sin seguir los procedimientos adecuados. El fiscal destacó que las resoluciones que aprobaron los convenios carecen de motivación sobre la selección directa de la fundación en lugar de una licitación pública y no justifican la elección de Movimiento Fibra. Además, se señaló que Contreras no garantizó el cumplimiento de los convenios mediante documentos de respaldo, como vale vista o pólizas de seguro, que aseguraran el uso adecuado de los fondos. Con todas las conductas ya descritas , además de la infracción grave a los deberes de su cargo de seremi Minvu de la Región de Antofagasta, el imputado Carlos Contreras vulneró los principios de probidad administrativa y de imparcialidad en materia administrativa, en tanto observó un desempeño deshonesto y desleal en un cargo , con preeminencia en intereses particulares y no actuó con objetividad en la suscripción y aprobación de los tres convenios suscritos por su servicio , resumió Aguilar. Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó al Juzgado de Garantía de Antofagasta la prisión preventiva del imputado por peligro para la seguridad de la sociedad, solicitud que fue concedida. Cabe recordar que Contreras ya estaba bajo esta medida cautelar por la arista TomArte del caso. El Juzgado de Garantía ha establecido un plazo de investigación de 45 días para continuar con el proceso.
La Fiscalía Metropolitana Centro Norte manifestó su rechazo a la decisión del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago de revocar la medida cautelar de prisión preventiva para el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Este último enfrenta cargos por administración desleal, estafa, cohecho, fraude al fisco y delito concursal en el marco del caso Farmacias Populares. “No estamos de acuerdo” , declaró el fiscal Marcelo Cabrera al salir del Centro de Justicia, anunciando que la Fiscalía presentará una apelación ante la Corte. “Existen los canales formales, los canales legales que nosotros vamos a operar, que fundamentalmente es un recurso ante la Corte para revertir esta situación ”, añadió Cabrera. El fiscal también enfatizó la necesidad de restringir cualquier contacto de Jadue con testigos u otras personas involucradas en el caso. “Nosotros lo que sí pedimos es que no haya ningún tipo de contacto del exalcalde Jadue con testigos o con otro tipo de personas que puedan tener algún tipo de vinculación con el caso ”, afirmó. Cabrera subrayó que no comparte los fundamentos de la resolución judicial ya que, según él, “no se entregaron antecedentes nuevos y esto ha sido revisado por jueces de garantía, por la Corte. Los fundamentos han sido bastante claros en sostener que los delitos existen y la participación también ”. Ante esta situación, la Fiscalía continuará con las acciones legales correspondientes para intentar revertir la decisión del tribunal y mantener a Jadue bajo una medida cautelar más estricta.
Este lunes, el Tercer Juzgado de Garantía decidió cambiar la medida cautelar de prisión preventiva que afectaba al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC). En lugar de continuar en prisión preventiva, Jadue cumplirá arresto domiciliario total. Además, deberá permanecer en Chile debido a una medida de arraigo nacional y tiene prohibido comunicarse con otros implicados en el caso en curso. La jueza Paula Brito basó su decisión en la conducta intachable previa de Jadue y el hecho de que ya no ejerce como alcalde de Recoleta, lo que disminuye significativamente la severidad de la posible pena. También destacó que Jadue no abandonó el país, a pesar de no tener restricciones de salida. La magistrada consideró las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el uso de la prisión preventiva solo cuando no hay otras medidas cautelares efectivas disponibles. Jadue estuvo casi tres meses en el Anexo Penitenciario Cárcel Capitán Yáber, desde que el 3 de junio el tribunal aceptara la solicitud de la Fiscalía Centro Norte de imponer la medida cautelar más restrictiva del sistema judicial chileno. Fue formalizado por la Fiscalía por delitos de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa en el marco del caso Farmacias Populares. A pesar de la oposición de la Fiscalía para modificar la prisión preventiva, el tribunal falló a favor de Jadue. Se espera que Jadue abandone el anexo Capitán Yáber en el transcurso de la tarde. Debido a una enfermedad, el exalcalde no asistió físicamente a la audiencia de revisión de cautelares, participando en cambio de manera telemática.
El Tribunal de Garantía llevará a cabo una audiencia crucial este lunes para evaluar la petición de la defensa de Daniel Jadue, quien busca revocar la prisión preventiva que enfrenta desde el 3 de junio. A finales de julio, el tribunal de alzada había rechazado previamente un recurso presentado por la defensa del exalcalde de Recoleta (PC). El abogado Juan Carlos Manríquez detalló que en esta audiencia se presentarán nuevos antecedentes que, a su juicio, podrían demostrar que la prisión preventiva ya no es necesaria para asegurar la comparecencia de Jadue en el juicio ni para otras diligencias. Hemos reunido nuevos datos y solicitado diversas diligencias, algunas de las cuales han sido ordenadas por el fiscal regional , explicó Manríquez. La defensa también ha solicitado la remoción de las juezas Katherine Román, Paulina Moya y Pamela Muñoz del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, alegando que ya han expresado opiniones previas sobre el caso. Según el artículo 196 del Código Orgánico de Tribunales, este hecho podría constituir un motivo válido para la recusación. Con estos argumentos, la defensa espera que el tribunal modifique el régimen cautelar de Jadue, considerando que la medida actual no es justa ni necesaria.
